Declaración Sala de Gobierno Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Por otro lado la justicia acepta a tramite la querella presentada por VOX y se rechaza enviar la inhibición solicitada por ANC y Ómnium Cultural.

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ante los últimos acontecimientos y singularmente las declaraciones efectuadas en la noche de ayer en el Parlamento quiere poner de relieve:

Primero, como órgano de Gobierno del Poder Judicial en Catalunya reiteramos nuestro compromiso de fidelidad y defensa del sistema constitucional. De los valores en los que se funda –libertad, justicia, igualdad, pluralismo y convivencia pacífica– y de los Derechos y Libertades que se garantizan a todos los ciudadanos y ciudadanas.

Segundo, la fidelidad al sistema constitucional de los jueces y juezas que conformamos el Poder Judicial en Catalunya es nuestra manera, la única posible, de comprometernos en la defensa activa de los valores, de los derechos y de las libertades de todos.

Tercero, la Sala de Gobierno quiere reafirmar de forma inequívoca que solo la norma vigente, conforme a la Constitución y a lo dispuesto por el Tribunal Constitucional, puede ser fuente aplicativa del derecho y presupuesto de todas y cada una de las decisiones judiciales.

 Y ello comporta que ni la Llei de Transitorietat, suspendida por el Tribunal Constitucional, ni ninguna declaración formal o a formal, implícita o explícita de independencia desplieguen efecto jurídico alguno.

 Cuarto, por último, destacar que la necesaria obediencia a la ley que nace y se funda en el sistema constitucional, en sus valores y en los derechos y libertades que garantiza, es lo que nos permite a todos y a todas reconocernos como miembros iguales de una comunidad política plural comprometida con la paz y el progreso.

El TSJC admite la querella de VOX contra Puigdemont y su Gobierno y contra la mesa del Parlament

 El TSJC sigue deliberando la medida cautelarísima de detención de Puigdemont  y su Gobierno solicitada ayer por VOX.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha notificado a la formación política VOX que ha admitido a trámite su querella presentada en su día ante la Fiscalía, contra Puigdemont y su Gobierno y contra la mesa del Parlamento autonómico que fue interpuesta el pasado 6 de septiembre y ha acordado la investigación de los posibles delitos cometidos por los querellados.

Según informa en su “nota de prensa” la formación liderada por Santiago Abascal, “VOX, presentó esta querella contra los miembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña y contra el Gobierno de la Generalidad, una vez que se conoció que la citada Mesa firmó la admisión a trámite por la vía de urgencia de la Ley de referéndum, con la que se pretendía dar una apariencia de legalidad al golpe de Estado en Cataluña organizado para el pasado 1 de octubre”.

Continua la nota, “los delitos por los que VOX interpuso la querella admitida ahora por el TSJC, son los de prevaricación, tipificado y penado en el  Art. 404 del código penal, usurpación de atribuciones y funciones, tipificado y penado en los Art. 402 y Art. 506 del código penal, desobediencia a la autoridad judicial, tipificado y penado en el Art. 410 del código penal, conspiración para cometer rebelión, tipificado y penado en el Art. 472 en relación con el Art. 473, ambos del código penal, sedición en grado de tentativa, tipificado y penado en el Art. 544  en relación con el Art. 545.1 y Art. 548, todos ellos del código penal, y de malversación de caudales públicos, tipificado y penado en el art. 432 del código penal”.

El TSCJ también ha comunicado al partido que en este momento sigue deliberando la medida cautelarísima urgente de detención de Puigdemont y su Gobierno solicitada en el día ayer, 10 de octubre, por VOX ante la amenaza de la declaración unilateral de independencia de Puigdemont y su Gobierno, que finalmente se firmó en la tarde de ayer.

Javier Ortega, Secretario General de VOX, ha declarado a los medios que se encontraban en la puerta del TSJC que Confiamos en que la Sala de lo Penal acuerde la detención de los golpistas y su puesta a disposición judicial e ingreso en prisión incondicional y sin fianza, a la mayor brevedad posible, desposeyéndoles de todos sus cargos”. Ha finalizado.

 

 La Audiencia Nacional rechaza enviar la inhibición solicitada por ANC y Ómnium Cultural a los juzgados de Barcelona, sobre la causa abierta por sedición por los sucesos de los días 20 y 21 de septiembre. 

La inhibición había sido solicitada por los presidentes de la ANC y de Ómnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha rechazado declinar su competencia en favor de los juzgados de instrucción de Barcelona, tal y como habían solicitado los presidentes de la ANC y Ómnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, en la causa que se investiga un delito de sedición por los hechos acontecidos el 20 y 21 de septiembre en Cataluña.

La magistrada reitera que en estas diligencias se está investigando un delito de sedición que persigue cambiar ilegalmente la organización del Estado y por tanto es competencia de la Audiencia Nacional. Lamela añade que, con la nueva información obtenida se infiere que los hechos investigados no constituyen un hecho aislado, sino que se enmarcan dentro de una estrategia compleja “con la que desde hace tiempo vienen colaborando los investigados Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, en ejecución de la hoja de ruta diseñada para llegar a obtener la independencia de Cataluña y donde ambos forman parte de un comité estratégico con unas funciones concretas a ejecutar”.

Los dos investigados solicitaron la inhibición a favor de los juzgados de instrucción de Barcelona con el argumento de que el delito de sedición no es competencia de la Audiencia Nacional. Aportaban sentencias dictadas por otros tribunales españoles en materia de delito de sedición.

Esas sentencias, según explica la juez en su escrito, no desvirtúan sus razonamientos, puesto que en su auto en el que se declaró competente, ya explicó que no todos los delitos de sedición son competencia de la Audiencia Nacional, sino únicamente aquellos que, además de atentar contra los bienes jurídicos protegidos que le son propios, puedan suponer al mismo tiempo una ofensa contra la forma de gobierno que persigue cambiar ilegalmente la organización del Estado, como según la magistrada ocurre en este caso.

La juez cita ejemplos de delitos contra la salud pública o estafa, que no siempre son competencia de la Audiencia Nacional, sino únicamente los que encajan en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Con estos parámetros, la magistrada analiza las sentencias aportadas por Sánchez y Cuixart para concluir que ninguno de esos casos juzgados y sentenciados por otros tribunales suponían “un ataque a la forma de gobierno en los términos expuestos en el auto dictado por este juzgado el día 27 de septiembre de 2017”.

En la misma línea, la magistrada también rechaza el argumento esgrimido por los investigados de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo se hayan pronunciado en el sentido de que la Audiencia Nacional no es competente en materia de delito de sedición.

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