“Guerra abierta” en Podemos, donde la presidenta del tribunal interno del partido suma apoyos en su pugna con la dirección estatal

Echenique considerado culpable del “mal” interno

La mayoría de las comisiones de garantías autonómicas respalda en una reunión en Madrid el dictamen contra los nuevos Estatutos y rechaza el expediente sancionador abierto contra Olga Jiménez. La presidenta del tribunal interno de Podemos busca apoyos ante el expediente sancionador de la dirección. Los nuevos estatutos de Podemos enfrentan a la dirección estatal en un intento de tener mayor poder ante los tribunales internos del partido

 

Echenique considerado culpable del “mal” interno

La pugna entre la Comisión de Garantías de Podemos y la dirección estatal que lidera Pablo Iglesias se encona. La presidenta del tribunal interno del partido, Olga Jiménez, ha logrado este jueves aumentar el respaldo de las comisiones autonómicas. En una reunión celebrada en Madrid, diez de los tribunales regionales han avalado el dictamen del pasado mes de julio que echaba por tierra los nuevos estatutos de Podemos, redactados por el equipo del secretario de Organización, Pablo Echenique.

La reunión fue convocada por Jiménez la semana pasada. En ella, según se ha podido confirmar, se ha aprobado una resolución que ratifica la validez y corrección del Dictamen 3/2017 de la Comisión de Garantías, echaba por tierra el nuevo régimen disciplinario aprobado por el Consejo de Coordinación, la ejecutiva del partido, y que instruyen los propios denunciantes.

La resolución rechaza además el expediente sancionador abierto por la dirección de Podemos a instancias de varios miembros de la Comisión de Garantías, enfrentados con la presidenta. Un expediente que supondría la suspensión de militancia de Jiménez. De hecho, dos personas se disputan ahora mismo el cargo.

La decisión del jueves devuelve la pelota a la dirección de Podemos. La ejecutiva del partido no se reúne desde julio. A finales de ese mes se anuló una convocatoria prevista cuando ya se había comunicado a los medios. El pasado lunes, día en el que habitualmente se reúne el órgano que dirige Pablo Iglesias, también estaba prevista una reunión, que finalmente no se produjo. Fuentes de la dirección del partido aseguran que el próximo lunes, 4 de septiembre, sí se reunirá el Consejo de Coordinación.

Los miembros de la ejecutiva del partido han optado por el silencio en este caso. La explicación oficial es que la dirección ha actuado correctamente, que los estatutos se ajustan al procedimiento y que el expediente disciplinario a Jiménez se ha abierto tras una denuncia de sus propios compañeros de Garantías.

Este lunes, deberán afrontar un asunto que solo tiene dos vías de solución, según reconocen en privado dirigentes del partido: política o judicial. Si las partes enfrentadas no alcanzan un acuerdo para desatascar la situación, serán los tribunales los que decidan.

 Miembros de las comisiones de garantías le acusan de maniobrar para tener un órgano afín que no le censure. Denuncian la sustitución de la presidenta en un ‘pleno fantasma’ de nulo derecho y la “usurpación” de funciones

Los jueces internos de Podemos se rebelan contra Iglesia y Echenique.

Denuncian que la cúpula del partido ha dado un “golpe” para controlar la Comisión de Garantías Estatal, el tribunal interno independiente que vela por el cumplimiento de las normas.

Consideran que la ejecutiva ha maniobrado para apartar a la presidenta de este órgano, Olga Jiménez, y alterar así los equilibrios de votación, con el objetivo de arrancar  dictámenes afines que no pongan trabas a lo que dicte la dirección. Entre esas decisiones bloqueadas por el tribunal interno están los nuevos estatutos de Podemos que la Comisión de Garantías tumbó en julio al dictaminar  que contravienen lo aprobado por las bases en la asamblea ciudadana Vistalegre 2.  Aún así, y con el conflicto de legitimidades abierto, la ejecutiva los registró en el ministerio del Interior el pasado 4 de agosto.

 Usurpación de funciones

La maniobra ha levantado las críticas de las comisiones de garantías de Catalunya, Navarra, Valencia, La Rioja y Madrid. El martes 45 miembros de estos órganos han hecho público un nuevo comunicado en el que denuncian la “usurpación de funciones”, una “infracción grave” y respaldan a la presidenta.

La secretaría de Organización que dirige Pablo Echenique emitió el lunes un documento que alimenta las sospechas sobre Jiménez, que omite que el expediente abierto en su contra se origina en un ‘pleno fantasma’ sin visos de legalidad y que en el que se sitúa como observador neutral en un conflicto interno de la comisión.

Las denuncias, al contrario, señalan que la dirección ha dado un “golpe” para tener una comisión de garantías domesticada, según han indicado a este diario fuentes del partido conocedoras de la evolución del conflicto.

De los 10 miembros (ahora 9, tras una dimisión) hay 5 titulares y 5 suplentes que desde el inicio de Podemos han tenido derecho a voto por igual. Ahora, la ejecutiva quiere eliminar ese derecho a los suplentes, y así lo ha redactado unilateralmente en los nuevos estatutos.

Iglesias busca con estas maniobras tener la mayoría

Este cambio permitiría a Pablo Iglesias tener mayoría el órgano. La maniobra, sin embargo, contraviene la costumbre (en Podemos siempre han votado titulares y suplentes), no fue aprobada en Vistalegre 2, y, además, es contraria a la decisión tomada por la propia comisión de Garantías Estatal, cuando en su reunión constitutiva, el 17 de febrero, los titulares decidieron (3 a favor y 2 en contra) que los suplentes pudiesen seguir votando, como es costumbre, como así queda demostrado en las actas oficiales.

En esa votación, la secretaria técnica, Rosario Rodero, apoyó también que todos los miembros pudiesen mantener su derecho de voto. Sin embargo, el 26 de julio, cuando la Comisión de Garantías se renió en pleno para analizar los nuevos estatutos, cambió de parecer, reclamó que se les retire esa potestad y se alinea con Argiro Giraldo e Isabel Baena, de sintonía “pablista”.

Arguyó que deben aplicarse los estatutos (los mismos que estaban analizando en ese pleno) y anunció un voto particular tras la negativa de la presidenta a debatir sobre una cuestión que no estba en el orden del día. Dos días después, en un nuevo pleno (telemático) la Comisión de Garantías emite un duro dictamen contra los nuevos estatutos, a pesar de los votos negativos de Rodero, Giraldo y Baena.

El comunicado de la secretaría de Organización sin embargo, modifica lo atestiguado por los documentos y asegura que ese pleno “rechazó el pasado 28 de julio una propuesta de la presidencia para que los suplentes pudieran votar igual que los titulares“. Posteriormente ha quedado demostrado que Jiménez no impulsó esa propuesta y que no se realizó dicha votación.

 Autoconvocados y autonombrados

Tras ese pleno, Rodero, Giuraldo y Baena pidieron a la ejecutiva que abriera un expediente contra la presidenta, y la dirección decidó autorizarlo al día siguiente. El 12 de agosto, los tres se autoconvocan a ’pleno fantasma’ a través de un grupo de Telegram que solo incluye  a los miembros titulares. En él toman decisiones de calado: determinan quién será el instructor de la causa y nombran a Rodero sucesor de la expedientada.

Aunque la presidenta responde que ese pleno y sus derivadas son nulas de pleno derecho puesto que no tienen capacidad de convocarlo y agosto es un mes inhábil, Giraldo da por apartada a Jiménez y se hace con su cargo. “Asumo la presidencia de la Comisión de Garantías”, escribe.

 Los sancionados no podrán recurrir a las comisiones autonómicas, solo a la estatal afín al “pablismo”.

La táctica abre un nuevo enfrentamiento en Podemos por la injerencia de la ejecutiva en un órgano que debe ser imparcial y que deja en jaque la división de poderes.  La Comisión de Garantías Estatal fue elegida en Vistalegre 2. Contra pronóstico, se impuso la lista de independientes, que provenía del círculo de juristas de Podemos, frente a la de afinidad pablista, que solo incorporó a Giraldo y Baena como titulares.

Aunque los choques con la ejecutiva, en especial con la secretaría de Organización, vienen larvándose desde hace tiempo, el detonante fueron los nuevos estatutos. En ellos se incluyen artículos no votados por las bases (como sanciones arbitrarias por proporcionar información sobre Podemos), la eliminación del proceso de mediación, la eliminación del derecho a voto de los suplentes de la Comisión de Garantías y la supresión de potestades de este órgano en las autonomías. Si alguien recurre la sanción, no puede hacerlo en el territorio y debe acudir  a partir de ahora a un órgano estatal, previamente domesticado.

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